Los uruguayos rechazaron una reforma constitucional que pretendía bajar de 18 a 16 años la edad a partir de la cual se puede condenar penalmente a un joven por delitos graves, una victoria para organizaciones sociales y la izquierda gobernante.

La reforma naufragó debido a que no alcanzó el 50% más uno de los votos para ser aprobada, según las proyecciones de escrutinio de las elecciones nacionales del país, difundidas en la noche del domingo por las consultoras locales.

"Por suerte el pueblo uruguayo no aprobó esta reforma retrógrada, reaccionaria y autoritaria que en nada hubiera contribuido a disminuir la delincuencia. Es una de las mejores noticias que he recibido hoy", dijo a la AFP, con una sonrisa de oreja a oreja, el vicepresidente Danilo Astori.

La reforma buscaba bajar la edad de responsabilidad penal a 16 años en casos de homicidios, lesiones graves, rapiñas, extorsión, secuestro y violación, entre otros delitos.

La reforma fue promovida por la Comisión para vivir en paz, creada en 2011, en un escenario de creciente disconformidad de la población por la falta de seguridad pública.

El aumento sostenido de rapiñas en la última década y los crímenes relacionados al narcotráfico transformó a la seguridad en principal preocupación de la población.

Más allá de esa percepción, según el "Global Peace Index 2014" -que se elabora desde 2007 y clasifica a 162 países- Uruguay es el país más seguro de América Latina, ubicándose un puesto por delante de Chile y 28 lugares detrás del país más seguro del mundo, Islandia.

"Sin duda Uruguay merece un país de convivencia pacífica y hay que seguir trabajando en eso", celebró en tanto Federico Barreto, vocero de la Comisión nacional No a la Baja, en declaraciones a la AFP.

Aunque fue inicialmente impulsada por el Partido Colorado (PC) y el Herrerismo -un sector del Partido Nacional (PN)- el principal defensor de la reforma durante la campaña fue el candidato por el PC, Bordaberry, que quedó prácticamente solo para confrontar con la izquierda y decenas de organizaciones sociales que se agruparon detrás de la campaña por el "No a la baja".

Bordaberry, que apoyará a Luis Lacalle Pou en el balotaje que el candidato del PN disputará en noviembre ante el oficialista Tabaré Vázquez, se mostró desconforme con la negativa de la población a aprobar la reforma constitucional.

Sin embargo señaló que "la voz de 1 millón de uruguayos (que votaron el sí al a baja) debe ser escuchada porque reclama y pide que el Estado nos proteja y nos permita vivir en paz. Uruguay quiere cambios y se los tenemos que dar".

El proyecto fue duramente cuestionado por organismos internacionales, que aseguraron que aprobarlo sería un retroceso.

"Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos constituiría una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la Convención de los Derechos del Niño", ratificada en 1990 por Uruguay, advirtió en agosto el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay.