Los uruguayos deciden este domingo si quieren bajar la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años en el caso de delitos graves, una reforma que se plebiscita junto a las elecciones nacionales y cuando la inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de la población.

Cuando fue propuesta -tras la recogida de más de 350.000 firmas que respaldaban la reforma- la medida llegó a contar con un apoyo del 64% de la población, pero los últimos sondeos revelaron un apoyo cercano al 50%, lo que vuelve más difícil que sea efectivamente aprobada, según varios analistas políticos.

Para ser aprobada, esta iniciativa debe contar con el 50% más uno del total de votos.

El deterioro de la seguridad es una de las principales preocupaciones en este país sudamericano de 3, 3 millones de habitantes, fundamentalmente por el aumento sostenido de las rapiñas en las últimas décadas, con un incremento del 9, 9% en el primer semestre de 2014 en relación al mismo periodo del año pasado.

La reforma pretende bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal en casos de homicidios, lesiones graves, rapiñas, extorsión, secuestro y violación, entre otros delitos. Además, aspira a mantener vigentes los antecedentes policiales de los menores que hayan delinquido cuando éstos cumplan 18 años.

Aunque fue inicialmente impulsada por el Partido Colorado (PC) y el Herrerismo, un sector del Partido Nacional (PN), el principal defensor de la reforma durante la campaña fue el candidato a presidente del PC Pedro Bordaberry, que quedó prácticamente solo para confrontar a la izquierda y decenas de organizaciones sociales que se agruparon detrás de la campaña por el "No a la baja".

El candidato del PN Luis Lacalle Pou -segundo en las intenciones de voto detrás del oficialista Tabaré Vázquez- dio poco respaldo público al proyecto, que es firmemente rechazado por su compañero de fórmula Jorge Larrañaga.

El proyecto fue duramente cuestionado por varios organismos internacionales, que aseguraron que aprobarlo sería un retroceso. "Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a adolescentes menores de 18 años como adultos constituiría una violación a los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante la Convención de los Derechos del Niño", ratificada en 1990 por Uruguay, advirtió en agosto el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay.

Según el 'Global Peace Index 2014', que se elabora desde 2007 y clasifica a 162 países, Uruguay es el país más seguro de América Latina, ubicándose un puesto por delante de Chile y 28 lugares por detrás del país más seguro del mundo, Islandia.