La celebración de fiestas ilegales está considerada como una falta administrativa. Sin embargo, los sindicatos policiales creen que el coronavirus lo cambia todo y que celebrarlas en plena pandemia supone un "delito flagrante contra la salud pública". Por ello, piden a Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, una "orden clara" que les permita desactivarlas. En caso de que se agravase la tipificación de la infracción se abriría el camino para que los agentes contasen con más margen de maniobra para actuar ante ellas, ya que ahora dicen sentir "indefensión".

"Estamos faltos de herramientas para combatir la crisis sanitaria", explica a 20Minutos Pablo Pérez, portavoz del JUPOL, uno de los sindicatos más representativos del cuerpo. Preguntado sobre el significado que le dan ellos a esa petición de una "orden taxativa y clara", no concreta cuál es pero sí desliza un posible "cambio legislativo" que acabe con "órdenes contradictorias" y les permita atajar esas fiestas ilegales.

Según detalla, los agentes de la Policía "no saben a qué atenerse" cuando llegan a un edificio en el que se está produciendo esa falta. "Es que si no estuviesemos padeciendo esta situación [en referencia a la pandemia] no dejaría de ser una falta administrativa, pero ahora estamos poniendo en riesgo la salud pública".

Misma opinión tienen desde el Sindicato de Unión Policial (SUP). "Solicitamos lo mismo: un cambio legislativo o una instrucción en la que fije claramente cuál es nuestra actuación cuando vamos a atajar fiestas ilegales", explica uno de sus portavoces.

Esta petición sindical llega después de la polémica actuación, el pasado 21 de marzo, de un grupo de agentes que entró en un piso turístico en el que se celebraba una fiesta irregular. Lo hicieron a la fuerza y sin orden judicial después de que los asistentes se negasen a identificarse y un juez denegara a uno de ellos el habeas corpus, lo que ha abierto el debate sobre si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (FCS) cuentan con las herramientas suficientes para luchar contra estas fiestas, que se multiplican cada fin de semana en todas las ciudades de la geografía española.

Tanto JUPOL como SUP defendieron la actuación de los agentes ante el silencio del Ministerio del Interior al estar el caso judicializado. No obstante, a mediodía, el Ministerio sí distribuyó un mensaje en el que alegaba que la casa a la que entraron los agentes era un piso turístico en el que no estaban alojados. Este "matiz" que supone que el piso no sea considerado "morada" no apaga el fuego, sino que lo aviva, pues ahora falta determinar si el principio de inviolabilidad del domicilio recogido en la Constitución Española solo prevalece en el hogar habitual.