Más de 21 millones de peruanos acudirán el domingo a las urnas para elegir a 1.842 alcaldes y 25 gobernadores en unos comicios municipales y regionales marcados por la violencia que incluyó el asesinato de dos candidatos a alcalde y dos policías.

La campaña electoral también ha estado ensombrecida por denuncias de corrupción contra alcaldes y gobernadores, que han llevado a prisión a cuatro de los 25 actuales gobernadores, algo que jamás había ocurrido en Perú.

Una legislación laxa ha permitido además que participen en la contienda 124 candidatos municipales vinculados al narcotráfico, según el ministerio del Interior, que reclamó mayor celo al Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad electoral de Perú.

"Este año ha habido mucha más información sobre denuncias de corrupción o antecedentes penales de muchos candidatos. Eso distingue a este proceso que genera desazón e incrementa la distancia que la gente siente frente a los políticos", dijo a la AFP Gerardo Távara, secretario general de la organización Transparencia

En un distrito de Lima, San Borja, hay un exmilitar candidato a alcalde que tiene proceso abierto por delitos de lesa humanidad en un caso de desaparición de personas en el marco de la guerra contra las guerrillas entre 1980 y el 2000, agregó el directivo de Transparencia.

- Violencia en el interior, calma en Lima -

El contraste de la campaña entre Lima y el interior de Perú ha sido notorio: mientras en la capital primó la calma, la violencia marcó el ritmo en provincias, en especial donde el narcotráfico es el eje de la economía, como los valles cocaleros de Huánuco (noreste) y de Junín/Ayacucho (centro y sureste).

Perú es uno de los mayores productores mundiales de cocaína y de hoja de coca desde 2012, según reportes de Naciones Unidas.

"Es real que hay organizaciones políticas vinculadas al financiamiento del narcotráfico, la extorsión, la tala ilegal de madera y la minería ilegal, actividades que se incrementaron de la mano del crecimiento sostenido del país y de la inversión privada", señaló Távara.

Este viernes una emboscada a una patrulla policial le costó la vida a dos agentes cuando iban a recoger material electoral en Ayacucho, puso de manifiesto la resistencia a unos comicios que pueden implicar el cambio de autoridades en zonas donde corre mucho dinero y campea la corrupción.

A ello se sumó el asesinato de dos candidatos distritales en zonas ligadas al cultivo de hojas de coca y al narcotráfico. El más reciente ocurrió el 26 de septiembre en el distrito San Martín de Pangoa, una zona cocalera del centro de Perú, donde sicarios acribillaron al candidato Líder Villazana Flores del movimiento regional Junín Sostenible.

Villazana se postulaba por tercera vez en ese distrito rural del valle del rio Apurímac-Ene-Mantaro, donde la Policía antidrogas destruyó desde el año pasado más de una docena de pistas clandestinas de aterrizaje para avionetas que llegan desde Bolivia a recoger cocaína.

En agosto murió a balazos Marzony Vásquez, alcalde que se postulaba a la reelección en el distrito de Amarilis, en Huánuco (centro), una histórica región dedicada al cultivo de hoja de coca y con presencia del narcotráfico desde hace tres décadas.

En las regiones, el gobernador de Cajamarca, el socialista y líder antiminero Gregorio Santos, afronta en prisión su campaña a la reelección, en la que es favorito. Es el principal opositor a las inversiones del gigante minero Newmont y está con prisión preventiva de 14 meses desde junio por un caso de corrupción.

"Tenemos casi un tercio de gobiernos regionales salpicados por corrupción: dos presidentes presos, los de Ancash y Cajamarca, uno fugado que es el de Tumbes, dos procesados, de Loreto y Cerro de Pasco", resumió Távara.

La atención mediática se centra, sin embargo, en Lima, principal plaza política del país donde 13 candidatos aspiran a suceder a la socialista Susana Villarán en unos comicios donde el favorito es el exalcalde conservador Luis Castañeda.

Castañeda, de 69 años y quien fue alcalde de Lima durante dos períodos consecutivos entre 2002 y 2010, tiene la elección en el bolsillo a pesar de haber sido denunciado por corrupción durante su gestión.

"Como han revelado varias encuestas, un amplio sector de la población prefiere tolerar cierto grado de corrupción a cambio de obras, antes que contar con una autoridad honesta pero ineficiente", señaló Alfredo Torres, director de la encuestadora Ipsos.