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22/09/2019

La fortaleza democrática no consiste en prodigarse en la celebración de elecciones, sino en impedir que los poderes fácticos que desde el primer día de la transición desafiaron y quebrantaron los resultados de las urnas sigan imponiendo su dinámica transgresora

Cuando como ahora se intenta subordinar la democracia a la dinámica de los mercados, además de forzar su retracción se está impidiendo avanzar hacia la consolidación del Estado de Derecho, al tiempo de propiciar las condiciones para la involución, que es justo lo que viene a vislumbrarse actualmente con la injustificable intromisión de los poderes económicos en el fallido proceso de conformación de Gobierno. Una situación inquietante y mismamente intolerable, sobre todo, cuando es ostensible la mala praxis de utilizar el mangoneo para dejar sin efecto el veredicto de las urnas, poniendo en cuestión la soberanía popular a través del subterfugio de un consenso de apariencia.

Pero si la intromisión del sistema financiero en el espacio reservado a la función política es totalmente inaceptable, mayor repulsa debe merecer la permisividad otorgada desde el foro político a esta ingerencia, desde el punto y hora que tal condescendencia es autorizada por quienes ostentando cargo público no dudan en contravenir sus propios compromisos con el electorado y ponerse al servicio de los que desde la órbita empresarial, cuyos miembros por la turbiedad de sus manejos se ha convertido en los principales protagonistas del escándalo. Al menos eso evidencia su función corruptiva en el contubernio de una corrupción extensiva que todo lo invade, y que además de quebrantar la democracia deslegitima por colusión el papel colaboracionistas de esa mayoría política frente a los ciudadanos.

Es por eso, que las medidas contra la corrupción nunca tendrán efectividad en la erradicación de esta lacra en tanto sigan dirigiéndose en exclusiva al sector público y se excluya al sector privado de su aplicación, aún conociendo su comprometido papel como promotores de sobornos y de la financiación en gran medida de las campañas políticas. Prácticas que a pesar de lo poco ortodoxo de su condición mantienen su vigencia desde la Transición, generando por su naturaleza una suerte de acuerdos ocultos respecto a la administración y dirección de los entes estatales, es decir, sobre el reparto de las instituciones del Estado, cuyo prorrateo favorece desde siempre el dominio y los intereses de los grandes grupos económicos en detrimento de la soberanía popular, y ello, como consecuencia de la dejación de funciones y supeditación de los representantes políticos.

Esa atribuida preponderancia se hace mas evidente si cabe cuando tras la caída del bipartidismo, no asumiendo que las cosas han cambiado, los maniobreros de siempre persisten en su adulterada obstinación de seguir imponiendo su indebida primacía. Siendo justo esa pretensión el porqué de las anacrónicas componendas políticas de las últimas semanas y razón de las desavenencias, como también, la causa del estancamiento de un país en precario que circula sin rumbo conducido por la limitación que impone la situación de un gobierno en funciones; conjunto de acotaciones establecidas con la única finalidad de mantener capturado al Estado y garantizar a través de su cautividad el pleno dominio del mismo, facilitando así que lobby's empresariales desde su supremacía sigan influyendo sinuosamente en la distorsión del marco jurídico y el reglamentario de la economía.

En tanto los cargos electos hagan caso omiso del mandato de las urnas, la celebración de nuevos comicios no pasará de ser una burla a la ciudadanía

Cuando esto sucede, la democracia se enfrenta a un dilema del que a duras penas puede evadirse, porqué un sistema que coarta su propia razón de ser difícilmente puede satisfacer los objetivos de su finalidad, siendo testimonio de tal contrasentido la devaluación que presupone el actual intento de consolidar contra natura un proceso de investidura al exclusivo dictado de los mercados, al tiempo de negar implícitamente el mandato de las urnas y rechazar con ello los contraídos electorales. Todo un exponente del lastre de un pasado autoritario y personalista y de una precariedad institucional cuya transigencia condujo a la actual situación de degradación política, que trajo consigo la desigualdad, la inseguridad y reducción de libertades, suma de hechos que vienen a constatar una situación de total deslegitimación democrática.

Al parecer en este país las reglas de funcionamiento de la economía neoliberal se han convertido en la práctica en una especie de superconstitución que además de dejar sin efecto toda contraposición jurídica al respecto, con su puesta en práctica se han activado los sistemas coactivos suficientes para hacer cumplir sus decisiones logrando de ese modo que los principios económicos se impongan a los valores democráticos. En otras palabras, decir que estamos asistiendo impasibles a la sustitución del mecanismo de decisión soberana sobre el principio de un hombre un voto por la suplencia de decisiones oligárquicas adoptadas en los centros de poder económico, situación que arrastra consigo la renuncia expresa a decidir sobre nuestra política económica acuñando por tácito consentimiento que el control de la actividad política pase definitivamente a manos del dinero.

Siendo por eso que mientras el poder político no opte por ejercer debidamente sus competencias democráticas, todo intento de conformación de gobierno como la celebración de los nuevos comicios mas que ejercicios de legitimidad democrática no pasarán de ser pura pantomima

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