Como primera cosa, sobre este proyecto de ley para regular los medios de comunicación que el gobierno uruguayo acaba de enviar al Parlamento, diríamos que es bastante confuso y contradictorio, porque, aunque permitiría al Estado controlar los contenidos, también tiene aspectos que garantizan la libertad de expresión.

Es absolutamente diferente a cualquier ley del mismo tenor en el resto de los países de América.

Entre esas garantías a la libertad de expresión,   destaco un artículo que declara a los medios “soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de información, preexistentes a cualquier intervención estatal”.

Sin embargo y antes decía que era confuso y contradictorio, debo señalar algunos aspectos que motivan mi observación sobre este proyecto de ley.

Por ejemplo, dice que los medios tendrán que respetar la pluralidad, la inclusión, la diversidad. ¿Y quién define por sí o por no ? Según la ley habrá un Consejo de Comunicación Audiovisual que decidirá cuándo una opinión o una información violan esos principios. Pero todas estas definiciones son tan poco precisas que dan para avanzar negativamente sobre la libertad de expresión y de prensa.

Y otro de los artículos prohíbe interferencias o presiones sobre cualquier expresión, opinión o información difundida por un medio.

Según algunos profesionales del tema que estoy tratando, este proyecto “maneja conceptos anticuados, superados por la realidad de los medios modernos”. Por ejemplo, en las definiciones en materia de libertad de expresión, ya que “no se necesita una ley para garantizar algo que es un derecho humano, consagrado en convenciones internacionales de las que Uruguay es firmante.

Como cualquier ley que regule el trabajo periodístico, el proyecto implica siempre un filtro a la libertad de la gente a acceder a la información, pero es buena la iniciativa que busca regular los mecanismos de atribución de ondas de radio y televisión, que son un bien público. Sobre todo para que esa atribución sea justa y transparente”.

Es absolutamente diferente a cualquier ley del mismo tenor en el resto de los países de América

Cuestionamos en su integración al Consejo de Comunicación Audiovisual, lo vemos poco independiente y podría estar, perfectamente al servicio del gobierno de turno, lo es ciertamente peligroso.

El Consejo, según el artículo 65 del proyecto, tendrá cinco integrantes: tres nombrados directamente por el presidente de la república, otro por el Ministerio de Industria y el último por el Ministerio de Educación y Cultura.

Un consejo así integrado “hoy día el gobierno, de izquierda, podrá aplicar la ley de un modo y mañana vendrá un gobierno de derecha y la aplicará de otro modo completamente distinto”.

Fue apresurada su presentación, el gobierno lo presenta directamente al Parlamento en mayo de este año e incluso se conocen aspectos del mismo antes de que el resto del espectro político y la sociedad conociera su contenido, como hasta ahora, pero son rumores.

Estamos tratando temas que comprende la democracia, estamos hablando de la libertad de expresión, un derecho humano de primera línea, estos temas tan densos, tan importantes y que deben ser de fácil comprensión, merecen un tratamiento consensuado, multipartidario y no lo tuvo, es preocupante.

Otro de los artículos prohíbe interferencias o presiones sobre cualquier expresión, opinión o información difundida por un medio

Ing.Daniel Bilinis Arena