La Fiscalía boliviana allanó la tarde de este miércoles la vivienda de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, quien es investigada por usar las dependencias del Gobierno para negociar millonarios contratos en favor de la empresa china CAMC, donde ella era gerente comercial.

"Se han llevado fotocopias de mails, documentos empresariales de otros proyectos, creo que no ha habido nada alejado (ilegal) en una actuación de este tipo", dijo a la prensa Wálter Zuleta, abogado de Zapata. Imágenes de televisión mostraron a personal de la fiscalía ingresando al domicilio de la expareja de Morales, ubicado en el exclusivo sector sur de La Paz.

Además, el diario El Deber de Santa Cruz (este), reveló el jueves partes de la imputación de la Fiscalía contra Zapata, detenida desde la semana pasada bajo cargos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

El Ministerio Público estableció que la exgerente de la firma china utilizó oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, unas dependencias que usualmente usan las primeras damas, "con fines ilícitos de carácter personal" para obtener "réditos económicos y ventajas económicas".

Añadió que Zapata, quien tuvo un hijo con Morales, se hizo "pasar como funcionaria estatal para mantener relación con empresarios y conseguir contratos con la china CAMC".

El proceso legal se encuentra en la fase inicial y no se tiene fecha para su culminación, mientras personal de la Unidad de Gestión es investigado y su directora detenida, por relación con Zapata.

La Fiscalía mencionó específicamente, según el diario, que el uso de esas oficinas gubernamentales fue para negociar contratos "como la planta industrial de azúcar en San Buenaventura, planta industrial de sales de potasio Uyuni?Potosí, proyecto múltiple Misicuni- Cochabamba la construcción del tramo ferroviario Bulo Bulo-Montero y los equipos de perforación para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos".

Según estimaciones oficiales, los contratos que la firma se adjudicó del Gobierno de Morales son de unos 560 millones de dólares, aunque en diciembre pasado rescindió el contrato para el tramo férreo, al establecerse retrasos e incumplimiento de acuerdos bilaterales.

Entretanto, el Gobierno amenazó con un juicio a Zapata, luego de que una de sus tías anunciara que ella presentará al hijo que tuvo con Morales y que estaría vivo, tras las versiones del mismo gobernante de que el niño falleció, al poco de nacer, hace unos 8 o 9 años.