Salud Pública. La ex ministra Muñoz sentó un precedente al continuar brindando el medicamento aun cuando la Justicia no la obligaba Las autoridades actuales están revisando esa postura

F. CASTILLO / P. MELENDREZ

En el MSP están analizando si cambian el criterio que había seguido la ex ministra María Julia Muñoz de facilitar tratamientos oncológicos caros aunque no estén obligados a hacerlo.

Desde hace unos años, se viene dando que pacientes oncológicos ganan juicios para acceder a medicamentos que no pueden costear, pero luego las sentencias son revocadas y eximen al Estado de dar el fármaco. En algunos casos, el MSP igual facilitaba el medicamento, pese a que la Justicia no lo obligaba. Ahora puede rever este criterio.

Algunos abogados sostienen que es "nadar para morir en la orilla" y dicen que no alcanzan las palabras para describir el efecto devastador que esto puede tener para los pacientes con cáncer.

OAS_AD("x19"); var OAS_width = '300'; var OAS_height = '250'; var OAS_banner_flash = 'promo.swf'; var OAS_camp = 'OasDefault/pedidosya_0610'; document.write('');

A Patricia Ferrari, un caso emblemático de la lucha judicial para acceder a costosos fármacos oncológicos, le ocurrió algo de esto. Hace un año, tras el fallo favorable en primera instancia, un Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia y el MSP quedó eximido de brindarle la droga para su tratamiento contra el cáncer de mama. Sin embargo, la entonces ministra María Julia Muñoz, por una cuestión "humanitaria", decidió seguir facilitándole la medicación.

Ahora parece que esto ya no será así. Hay una idea predominante de que el MSP se limite a cumplir con lo que diga la Justicia en última instancia.

Hay un caso reciente que está a estudio de las autoridades. La semana pasada, el Tribunal de Apelaciones Civil de 5° Turno revocó la sentencia por la cual había condenado al MSP a darle un fármaco oncológico a Juan Carlos (52), que tiene cáncer de colon con metástasis en el hígado. Tras el fallo judicial en primera instancia, Juan Carlos logró administrarse la costosa medicación -tiene un valor de US$ 10.000 mensuales- por dos meses, pero la serie es de seis meses y ahora está en suspenso.

El asesor legal del Ministerio de Salud, Gúmer Pérez, le planteó el tema a las nuevas autoridades sanitarias para ver qué políticas se van a adoptar de ahora en más: si siguen el camino de Muñoz, brindando el medicamento pese a que no están obligados, o si acatan a rajatabla lo que diga la Justicia.

Por este último caso concreto, Pérez se reunió hace pocos días con el director de Salud, Gilberto Ríos, y con el director de Secretaría del MSP, Julio Martínez. Les planteó que el MSP, al haber ganado en segunda instancia, no está obligado a seguir brindando el medicamento, y les recomendó que no lo sigan dando.

Pero todavía no hay una resolución del ministro Daniel Olesker y su equipo, que son quienes definen si hacen o no caso al asesoramiento legal.

Pérez planteó que una vez que se pronunció la Justicia, el MSP "debería acatar el fallo y no dar el medicamento, porque las medidas de política sanitaria corren por cuenta de la administración".

"La administración anterior, a fines de su gestión, tuvo una posición respecto a las acciones de amparo que más allá del pronunciamiento judicial, en algunos casos concretos, había decidido otorgar igual la medicación que se estaba reclamando, a pesar de no haber una obligación de darla", recordó Pérez.

Agregó que "los resultados de la inclusión de los medicamentos en el Formulario Terapéutico Médico se basa en la evidencia científica, y la evidencia científica no ha demostrado que son curativos sino paliativos".

Resaltó además que los medicamentos genéricos que brinda el MSP son copias que están "avaladas" y son "efectivas".

"En un Estado de Derecho deben primar las normas, porque una vez que el tema llega al Poder Judicial se debe acatar lo que dice la Justicia, que es un poder del Estado", indicó el asesor del Ministerio de Salud.

El abogado Renzo Gatto, que representó a Patricia Ferrari y también estuvo a cargo de otros casos de pacientes que litigaron con el MSP, opinó sobre este asunto.

"La realidad es que cuando uno hace un juicio de este tipo sabe que tiene que hacer la lucha en dos instancias y se le explica al cliente que en los juzgados de primera instancia hay algunas chances de ganar, pero que por lo general los Tribunales de Apelaciones rechazan las acciones de amparo", explicó el abogado.

Florencia Cornú, abogada de Juan Carlos, indicó que cuando inició la acción judicial tuvo una charla "descarnada" con el paciente y le explicó que las chances de ganar tanto en primera como en segunda instancia eran pocas. "Uno trata de ser lo más honesto posible", dijo Cornú.

Espera. El jueves pasado, los representantes legales de Juan Carlos presentaron una casación (apelación de tercera instancia) ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero la abogada dijo que es consciente de que es "muy difícil" que se la admitan, porque por lo general la SCJ entiende que la acción de amparo no admite este tipo de instancia.

"La Corte no ha mostrado sensibilidad en estos temas, salvo en declaraciones que pueden hacer los ministros en congresos o trabajos académicos", dijo Cornú.

El próximo martes al mediodía, la abogada tendrá una reunión con el director de Salud, a quien le van a plantear que "se haga una evaluación de la situación y que si el medicamento está dando el resultado esperado, no se suspenda el tratamiento sin que haya una razón médica para eso", dijo Cornú.

Si no logran que el MSP siga brindando el medicamento, Juan Carlos va a empezar a hacer colectas para costearse el tratamiento.

"En teoría, se perjudicaría"

Por lo general, los medicamentos que reclaman los pacientes oncológicos por vía judicial son las drogas originales que no están incluidas en el Formulario Terapéutico Médico (FTM) y que tienen un alto costo.

El oncólogo Roberto Levín, del Instituto Nacional del Cáncer, señaló que "el problema es que hay determinados medicamentos oncológicos nuevos que (el Estado) financia y otros que no".

Sobre la situación clínica de que un paciente acceda a un fármaco y luego, al revocarse la sentencia, se quede sin el mismo, Levín dijo que si el paciente tiene un beneficio con ese medicamento, "teóricamente se perjudicaría" al discontinuar el tratamiento.

Aclaró que no hay muchos datos estadísticos sobre este tipo de casos.

La abogada Florencia Cornú recordó que los medicamentos oncológicos que se reclaman "no curan, son paliativos, pero todos tienen su eficacia demostrada".

Por su parte, el abogado Renzo Gatto dijo que estos fármacos "tienen un uso que está probado, pero como no se analiza en cada caso particular si le da una mejor chance al paciente, se niega. Si la chance es mínima, el paciente tiene que recibir el medicamento", enfatizó.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, comentó uno de los casos de acceso a medicamentos que fue desestimado en segunda instancia. "Si se trata nada menos que de preservar el derecho a la vida, a la salud, y a una sobrevida en condiciones acordes a la dignidad humana, deben ceder consideraciones puramente económicas, desde que existe en nuestro país un instrumento que permitiría solventar tal costo con el aporte de todos al FNR", dijo.

  google_ad_client = 'pub-2728517032854978'; google_ad_slot = '1800633621'; google_ad_output = 'js'; google_max_num_ads = '3'; google_ad_type = 'text_html'; google_ad_width = '336'; google_ad_height = '280'; google_holder_pos.push("x21"); google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);