Aunque las empresas que dominan el mercado de las compras online lo transmitieron a sus clientes como una buena noticia, a las gremiales de comerciantes, por ejemplo, no le parece tan genial.

Hasta ahora las únicas encomiendas que no pagaban impuestos eran los libros, los CD y los DVD, que, por eso, eran los rubros más solicitados. El 80% de los clientes de Miami Box compraban esa clase de productos, dice Víctor Benávidez, director de Miami Box. Hoy se abre a cualquier otro rubro cuya importación no tenga otra clase de restricción. "Antes, la ropa por ejemplo, pagaba cuatro conceptos (Aduanas, Terminal de Carga, al despachante y el flete) pero ahora sólo se paga flete", dice, quien dice tener unos 15 mil clientes. Netbox, otra empresa del rubro, tiene cuatro mil, dice su vocera, Magdalena Andrade.

Los uruguayos han ido perdiendo el miedo a comprar en el extranjero a través de su tarjeta de crédito, por lo que algunas de estas empresas ofrecen hacer las compras ellas mismas. Una gran parte del mercado son compras en Estados Unidos aunque el proyecto no discrimina el país de origen.

A pesar de que la mayor oferta favorece a los consumidores y que el decreto es parte de los compromisos asumidos en la firma de un TIFA con Estados Unidos, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay tiene motivos para mirarlo con recelo.

"Estamos teniendo envíos por 200, 400 kilos por semana", dice Andrade de Netbox, quien estima que "ahora aumentarán a 600 por semana".Muchas de las grandes tiendas internacionales no tienen envíos a Uruguay pero los precios son realmente convenientes. Igual, a los 200 dólares hay que quitarle el costo del flete (unos 18 dólares por kilo) y el servicio de las empresas que aportan la casilla. En Gap, por ejemplo, se pueden conseguir ropa de niño por 120 pesos uruguayos, por ejemplo. Ya hay muchos uruguayos cambiando su vestuario con esta clase de ofertas. El precio, por lo tanto, es el principal reparo de los comerciantes al proyecto. Por eso, han presentado un recurso administrativo ante la justicia por lo que consideran competencia desigual. También exigen que se cumplan con los requisitos sanitarios y de calidad, que están contemplados en el proyecto.