Lo que hay es una grave acción del gobierno que quiere llevar adelante una ley, aún a sabiendas de que la empresa designada no ha cumplido con los trámites medioambientales, ni siquiera estamos hablando de que tengan aprobado los trámites medioambientales y tampoco tomado recaudo de las observaciones que se le hicieron.Se va a incumplir una ley que los mismos representantes del F.A. en el parlamento aprobaron con sus votos hace dos meses atrás, violando flagrantemente el artículo 25 de la ley que establece que el contrato debe contener las claúsulas que el gobierno entienda necesario incluir, pertinentes a los estudios medioambientales.Estamos hablando de violaciones a la ley de minería, atrás de todo hay una connotación económica, sin duda.Es firmar el contrato teniendo el aval del gobierno, como sucedió con Pluna, ir a la captación de inversores, pues es muy diferente tener esa garantía gubernamental que ir diciendo que hay hierro en Uruguay solamente.El inversor se enfrentará a la duda de la concesión del contrato final. Estamos violando la ley, estamos comprometiendo la soberanía uruguaya porque no sabemos si lo que harán, lo harán bien, le damos a la empresa una carta de presentación garantizada.

Ni hablemos de que entre los resultados del Instituto privado y la Dinama haya contradicciones, cuando ya hay un contrato firmado y se pretenda decirles que no se hará nada por los informes desfavorables, cuando el contrato se encuentra firmado. No es claro, transparente ni lógico.Va a tener consecuencias en el país a corto y mediano plazo, cuando la Dinama empiece a pedir cosas y estamos al final de un período de gobierno, por lo que considero que tampoco es adecuado hacerlo ahora.

Walter Verri

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